Reforma Tributaria 2025: la última batalla fiscal antes de las urnas
El Gobierno radicó en el Congreso, el 1 de septiembre de 2025, su Proyecto de Ley de Financiamiento 2025. La meta de recaudo planteada asciende a 26,3 billones de pesos, una cifra equivalente a entre el 1,3% y el 1,6% del PIB, destinada a cubrir el faltante del Presupuesto General de la Nación de 2026.
La ambición de la meta resulta evidente si se compara con los 19 billones anunciados apenas dos meses atrás, durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Esta escalada en las expectativas fiscales ha convertido el debate en una prueba de fuego para el Gobierno, en un momento en el que la regla fiscal está suspendida y el clima político está enrarecido por la proximidad de las elecciones. El Ejecutivo ha advertido que, si la propuesta no prospera, tendrá que recurrir a mayor endeudamiento y a recortes presupuestales.
El articulado de la reforma contiene medidas que han desatado una tormenta política y económica. Habría cambios en la estructura y expansión en la cobertura del IVA, tales como incrementos en algunas de sus tarifas y eliminación de exoneraciones en sectores estratégicos como el turismo para no residentes y los servicios que garantizan la conectividad y acceso a servicios digitales.
El frente de los impuestos al consumo no se queda atrás. Se aumentan las tarifas al alcohol, la cerveza y el cigarrillo; se refuerza el impuesto al carbono; y se ajusta la tributación sobre combustibles. En materia de tributación a las ganancias, se amplían los fueros de atracción sobre actividades realizadas por no residentes con presencia económica significativa en el país; se crean reglas especiales en materia de criptoactivos y activos digitales, se reducen beneficios para personas naturales de altos ingresos y se disminuye el umbral del impuesto al patrimonio de 72.000 a 40.000 UVT, con el efecto de ampliar significativamente la base de contribuyentes.
El sector financiero es otro de los grandes afectados. La propuesta eleva la sobretasa a las entidades financieras, al punto de llevar sus tarifas efectivas a porcentajes superiores al 50%, según advierten analistas. El peso político de esta medida es evidente: un golpe visible al corazón del sistema de crédito en pleno año electoral.
Uno de los capítulos más dramáticos es el de energía, minería e hidrocarburos, pues el proyecto abunda en medidas que sistemáticamente afectan a estos sectores. El Gobierno defiende estas medidas como imprescindibles para blindar la caja fiscal, pero los gremios extractivos advierten sobre un golpe a la competitividad y la inversión en el sector. Estas disposiciones, sin una política clara de transición energética, también son vistas como uno de los grandes yerros de la política económica y fiscal del país en los últimos años.
El contexto macroeconómico explica parte de la urgencia. El Presupuesto de 2026 incluyó ingresos contingentes equivalentes al monto de la reforma, y se han reportado las mayores cifras de déficit fiscal de los últimos 20 años. La regla fiscal, suspendida mediante la cláusula de escape, deberá reactivarse en 2027, lo que obligará a consolidar cuentas tarde o temprano.
Los centros de pensamiento han reaccionado con diagnósticos diversos, aunque coinciden en señalar los riesgos que traen las medidas. ANIF critica la concentración de la carga en pocos contribuyentes, considera que la reforma desincentiva el ahorro y la inversión, limita el crecimiento económico y alerta que la sobretasa financiera encarecerá el crédito. Sobre el sector hidrocarburos, advierte que nuevas cargas podrían ahuyentar inversión.
Fedesarrollo, en voz de Luis Fernando Mejía, considera que la probabilidad de aprobación de la reforma es baja en el actual ambiente electoral y advierte que depender de impuestos extractivos es peligroso por la volatilidad de los precios internacionales. Todos los centros de pensamiento advierten de los peligros que se derivan del incremento en el déficit fiscal. En la prensa económica y en firmas de consultoría resuena el mismo mensaje: el salto de 19 a 26,3 billones como meta de recaudo refleja el deterioro de las cuentas públicas y la presión de metas fiscales más amplias.
El dilema es claro. Si la reforma no se aprueba, el presupuesto de 2026 se aprobará con ingresos inexistentes, lo que obligará a recortar programas de inversión o a endeudarse aún más. El recurso de más deuda, ya anticipado por el Ejecutivo, tendría un costo elevado en calificación crediticia y primas de riesgo.
En el termómetro político, la reforma enfrenta resistencias serias en el Congreso. La oposición ha anunciado ponencias negativas para los puntos más sensibles: el impuesto a los vehículos híbridos, el fortalecimiento del impuesto al patrimonio, la sobretasa financiera y, especialmente, el tributo a las exportaciones de hidrocarburos. Lo más viable de aprobar sería un paquete reducido en torno a algunos tributos menos polémicos, con un recaudo inferior a la mitad de lo esperado.
La conclusión no puede ser más dramática: la Reforma Tributaria de 2025 se perfila como una de las más ambiciosas de la década, pero también como una de las más impopulares. Afecta el consumo, reduce beneficios a los contribuyentes de mayores ingresos y toca sectores estratégicos para la economía. En un año electoral, el riesgo de que naufrague es alto. Si eso ocurre, la tijera caerá sobre la inversión pública y la deuda seguirá creciendo. Si, por el contrario, se aprueba en su totalidad, pasará a la historia como una apuesta de alto voltaje: tan necesaria para el fisco como costosa en capital político.
