Colombia – Estados Unidos: tarifas recíprocas, retos y oportunidades

Estados Unidos volvió a mover las piezas del comercio mundial. Con la Orden Ejecutiva del 31 de julio de 2025, la Casa Blanca reconfiguró la política arancelaria mediante un sistema de “tarifas recíprocas”. La idea parece simple, pero su alcance es enorme: si un socio comercial impone aranceles altos a los productos estadounidenses, el país responderá en la misma proporción. En la práctica, esto significa un recargo automático del 10 % para las mercancías de países que no figuren en su lista de trato especial.

Lo que parecía un ajuste técnico terminó convirtiéndose en una decisión de alto impacto.  Coincide con la suspensión del beneficio “de minimis”, que eximía de aranceles a los envíos de bajo valor, y con controles reforzados contra el transbordo –es decir, la práctica de hacer pasar una mercancía por un tercer país para camuflar su origen-. En conjunto, estas medidas conforman un escenario más exigente, donde cumplir y demostrar trazabilidad pesa tanto como el precio.

En medio de todos estos movimientos de Estados Unidos, la pregunta es: ¿cómo queda Colombia en este nuevo panorama comercial?

El impacto para el país va mucho más allá del intercambio de bienes. Aunque el TLC con Estados Unidos sigue vigente y ofrece un marco jurídico estable, la reciente política de tarifas recíprocas cambia las reglas de juego: las preferencias arancelarías ya no garantizan inmunidad frente al recargo general del 10%, que se aplica a los países que no cuenten con trato especial.

Incluso los productos que hoy disfrutan de arancel preferencial bajo el TLC no están totalmente protegidos, pues el nuevo recargo se suma al arancel base, salvo que la subpartida correspondiente esté incluida dentro de las exclusiones previstas en el Anexo II de la orden presidencial emitida en septiembre.

Esto cambia completamente el panorama comercial. Un exportador que antes vendía maquinaria, insumos o productos industriales con arancel cero ahora debe incorporar ese 10 % adicional en sus precios, lo que reduce su margen y afecta su competitividad frente a otros socios de Estados Unidos. Pero el verdadero reto no está sólo en el porcentaje, sino la incertidumbre que generan los nuevos controles.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos endureció la verificación de rutas y documentos. Si las autoridades estadounidenses concluyen que una mercancía fue desviada a través de un tercer país para evadir aranceles, pueden aplicar un recargo del 40 % y sanciones adicionales. En otras palabras, las operaciones que antes se consideraban de bajo riesgo, como la reexportación o el ensamble en un tercer país, ya no pasan desapercibidas, hoy podrían ser vistas como intentos de evasión y tener consecuencias graves.

El cambio también alcanzó al comercio electrónico. Hasta agosto de 2025, los paquetes con valor inferior a 800 dólares podían ingresar sin pagar derechos. Esa puerta se cerró: ahora, todo envío, grande o pequeño, debe declararse y pagar tributos. Esto encarece la venta directa en línea y obliga a las empresas a diseñar estructuras formales de distribución, además de afrontar el incremento de controles en la importación, con los consecuentes costos y probables demoras.

Esto marca un punto de inflexión. Ya no basta con producir bien y vender barato; ahora es indispensable demostrar con claridad el origen de cada producto y la ruta que sigue hasta el comprador final. Las empresas colombianas que antes exportaban flores, café y otros bienes por comercio electrónico deberán asumir mayores costos o establecer socios logísticos en territorio estadounidense.

Aun así, no todo es negativo, Estados Unidos prevé ajustes para “socios alineados”, países que podrían acceder a exenciones parciales o totales si celebran acuerdos complementarios de comercio y seguridad. Con su tradición de cooperación y un TLC vigente, Colombia tiene condiciones propicias para negociar ese estatus, siempre que mantenga una política comercial activa y un frente diplomático coherente.

Mientras tanto, las empresas colombianas pueden adelantarse: revisar sus subpartidas arancelarias, simular precios incluyendo el nuevo recargo, ajustar contratos, evitar transbordos innecesarios y fortalecer certificaciones técnicas y ambientales, que hoy por hoy son un factor decisivo de compra en el mercado estadounidense.

El nuevo rumbo de la política de comercio exterior no es solo un ajuste de tarifas, sino una forma de ejercer poder económico. Reordena flujos, redefine alianzas y deja claro que, detrás de cada decisión comercial, hay una estrategia política.

El mensaje es claro: el comercio nunca dejó de ser un instrumento de poder, pero hoy ese poder se ejerce de manera más abierta y visible. Para Colombia y el resto del mundo, esto implica observar las dinámicas comerciales con una perspectiva más amplia, en la que las tarifas dejaron de ser un asunto económico para convertirse en un reflejo de poder y de alianzas. Ya no basta con producir y vender: hay que entender el tablero y saber jugar en él.