{"id":3786,"date":"2023-10-27T18:50:00","date_gmt":"2023-10-27T23:50:00","guid":{"rendered":"https:\/\/godoy.legal\/arbitraje-para-procesos-ejecutivos-5-puntos-clave-de-la-nueva-ley-que-promete-revolucionar-la-justicia-en-colombia\/"},"modified":"2025-10-17T12:01:05","modified_gmt":"2025-10-17T17:01:05","slug":"arbitraje-para-procesos-ejecutivos-5-puntos-clave-de-la-nueva-ley-que-promete-revolucionar-la-justicia-en-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/godoy.legal\/en\/arbitraje-para-procesos-ejecutivos-5-puntos-clave-de-la-nueva-ley-que-promete-revolucionar-la-justicia-en-colombia\/","title":{"rendered":"Arbitraje | Nueva Ley de procesos ejecutivos: 5 puntos clave\u00a0\u00a0"},"content":{"rendered":"\n<p>Estando a puertas de que sea sancionada la nueva ley por medio de la cual se abre la posibilidad de acceder al arbitraje en procesos ejecutivos, Colombia se prepara para una transformaci\u00f3n sustancial en su sistema judicial. Esta innovadora figura se proyecta como una herramienta que ayude a la descongesti\u00f3n judicial y que brinde una justicia m\u00e1s eficaz.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Teniendo en cuenta el gran impacto que tendr\u00e1 en las relaciones comerciales y de consumo, es pertinente analizar los aspectos m\u00e1s relevantes de este proyecto de ley, especialmente para compa\u00f1\u00edas que participan en relaciones de consumo o que act\u00faan como acreedores o deudores de obligaciones claras, expresas y exigibles:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>1. El Pacto Arbitral&nbsp;<\/strong>&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>El proyecto de ley establece que el pacto arbitral para adelantar un eventual proceso ejecutivo no puede formar parte de un t\u00edtulo valor que se invoque como t\u00edtulo ejecutivo. Este debe constar necesariamente en un documento anexo o separado, que haga referencia al mismo. Esta exigencia busca garantizar que las partes tengan plena conciencia de la renuncia a la jurisdicci\u00f3n ordinaria y evitar que el pacto pase desapercibido en la emisi\u00f3n del t\u00edtulo.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, cuando se ejecute una obligaci\u00f3n derivada de un contrato que tiene car\u00e1cter de t\u00edtulo ejecutivo y contenga cl\u00e1usula compromisoria, no se requiere documento separado.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Asimismo, se permite que el pacto sea cerrado (para un solo t\u00edtulo ejecutivo) o abierto (incluyendo varios t\u00edtulos presentes y futuros de relaciones contractuales determinadas), otorgando flexibilidad seg\u00fan las necesidades comerciales de las partes.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>2. Costas del proceso<\/strong>&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Un aspecto clave a tener en cuenta es que es el ejecutante quien debe asumir los costos. Esto contrasta con la tradici\u00f3n procesal, donde quien pierde es quien debe asumir las costas del proceso. En el arbitraje ejecutivo, quien desea acceder a la justicia debe asumir inicialmente todos los gastos y honorarios del tribunal, los cuales deben pagarse dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la estimaci\u00f3n del centro de arbitraje.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u00danicamente cuando el ejecutante sea una persona de bajos recursos y resulte vencedor en el proceso, el tribunal puede ordenar que el ejecutado restituya total o parcialmente dichos costos. Si bien esta limitaci\u00f3n protege a los consumidores en casos donde no existe una evidente igualdad de condiciones, tambi\u00e9n puede desincentivar a comerciantes de igual posici\u00f3n econ\u00f3mica a acudir a esta clase de procesos arbitrales.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En todo caso, el proyecto de ley establece una garant\u00eda procesal consistente en que debe d\u00e1rsele la posibilidad al demandado de pagar estos gastos antes de declarar extintos los efectos del pacto arbitral, evitando que el proceso termine por falta de recursos del ejecutante cuando el demandado tiene inter\u00e9s en continuar.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>3. Medidas cautelares<\/strong>&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Una de las novedades m\u00e1s significativas es la creaci\u00f3n de la figura del \u00e1rbitro de medidas cautelares previas, quien puede decretar, practicar embargos y secuestros antes de la instalaci\u00f3n del tribunal arbitral ejecutivo. Este \u00e1rbitro (quien puede ser el mismo \u00e1rbitro ejecutor o un \u00e1rbitro diferente, seg\u00fan lo convenido en el pacto arbitral) act\u00faa con las mismas calidades que el \u00e1rbitro ejecutor y con facultades similares a las de un juez en materia de medidas cautelares, constituyendo as\u00ed una innovaci\u00f3n relevante en el arbitraje colombiano, al habilitar que el \u00e1rbitro pueda ordenar y materializar medidas cautelares de manera independiente y aut\u00f3noma.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed las cosas, el solicitante debe pagar honorarios y gastos dentro de cinco d\u00edas, tras lo cual el centro designa al \u00e1rbitro de medidas cautelares por sorteo. Las medidas se practican dentro de 30 d\u00edas h\u00e1biles y posteriormente, el ejecutante tiene 20 d\u00edas para presentar la demanda ejecutiva, so pena de levantamiento autom\u00e1tico de la medida. Esta agilidad representa una ventaja considerable frente a los tiempos de la justicia ordinaria. El \u00e1rbitro de medidas cautelares debe asistir a la audiencia de instalaci\u00f3n del tribunal ejecutivo para entregar su informe y el cuaderno de medidas al \u00e1rbitro ejecutor, perdiendo competencia a partir de ese momento.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>4. Protecci\u00f3n a los consumidores y derecho de retracto del Pacto Arbitral<\/strong>&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Cuando se trate de contratos con consumidores, se debe suministrar informaci\u00f3n clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e id\u00f3nea sobre los efectos del pacto arbitral, las diferencias con la jurisdicci\u00f3n ordinaria y los costos relacionados. El incumplimiento de este deber libera autom\u00e1ticamente al consumidor del pacto arbitral, salvo que decida acudir voluntariamente al arbitraje.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En los contratos de servicios financieros celebrados por adhesi\u00f3n, la nueva normativa consagra una protecci\u00f3n espec\u00edfica para el consumidor financiero, quien goza del derecho de retracto del pacto arbitral durante los 60 d\u00edas posteriores al desembolso del cr\u00e9dito. Esta disposici\u00f3n busca asegurar que la decisi\u00f3n de someterse al arbitraje sea verdaderamente libre e informada.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>De manera complementaria, se proh\u00edbe expresamente que las entidades financieras condicionen el otorgamiento del cr\u00e9dito o modifiquen las tasas de inter\u00e9s en funci\u00f3n de si el consumidor acepta o rechaza el pacto arbitral. Esta medida elimina cualquier presi\u00f3n econ\u00f3mica que pudiera influir indebidamente en la decisi\u00f3n del consumidor financiero.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Cabe destacar que este derecho de retracto no se limita al \u00e1mbito financiero. En los contratos celebrados con consumidores en general, tambi\u00e9n opera el derecho de retracto del pacto arbitral, rigi\u00e9ndose por las disposiciones contenidas en el art\u00edculo 47 del Estatuto del Consumidor.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En todo caso, es importante tener en cuenta que para cr\u00e9ditos para vivienda de inter\u00e9s social y aquellas viviendas donde habiten menores de edad, no pueden ser objeto de pacto arbitral ejecutivo. En otros cr\u00e9ditos hipotecarios, los honorarios son asumidos \u00edntegramente por el acreedor ejecutante, sin posibilidad de traslado al deudor.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>5. Estructura y duraci\u00f3n del proceso<\/strong>&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Si en el pacto arbitral no se determina una duraci\u00f3n del proceso, este tiene una duraci\u00f3n m\u00e1xima de 12 meses desde el auto de fijaci\u00f3n del litigio, con posibilidad de pr\u00f3rroga sin exceder este l\u00edmite total. Los tr\u00e1mites previos a la instalaci\u00f3n del tribunal no pueden exceder 4 meses, y el \u00e1rbitro ejecutor tiene 4 meses para dictar el auto que ordena seguir adelante o el laudo ejecutivo.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Para procesos de m\u00ednima y menor cuant\u00eda, act\u00faa un \u00fanico \u00e1rbitro ejecutor. Mientras que, en procesos de mayor cuant\u00eda, las partes conservan la facultad de acordar la integraci\u00f3n de un tribunal, siempre que el n\u00famero de \u00e1rbitros sea impar.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Si se vencen los t\u00e9rminos sin cumplir las etapas procesales correspondientes, el expediente se remite autom\u00e1ticamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, conservando validez las actuaciones realizadas ante el tribunal arbitral.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>5. Consideraciones finales<\/strong>&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Si bien uno de los objetivos principales de la ley es contribuir a la descongesti\u00f3n de la carga que experimenta actualmente el sistema judicial colombiano, es importante tener en cuenta diferentes aspectos para tomar la decisi\u00f3n de recurrir o no al arbitraje ejecutivo.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>A primera vista, el pacto arbitral ejecutivo resulta atractivo y, efectivamente, presenta beneficios y oportunidades procesales significativas como la celeridad, las medidas cautelares previas y la especialidad de los \u00e1rbitros.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>No obstante, tambi\u00e9n trae una carga considerable de deberes y obligaciones, especialmente para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera en caso de incumplir las disposiciones de protecci\u00f3n al consumidor, adem\u00e1s de la carga econ\u00f3mica que representan los honorarios que debe asumir en casi todos los casos el ejecutante. Esta estructura de costos puede resultar especialmente gravosa para peque\u00f1os y medianos comerciantes que busquen cobrar obligaciones a otros empresarios en una situaci\u00f3n econ\u00f3mica similar.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Es fundamental considerar que la nueva ley implementa un r\u00e9gimen diferenciado que favorece las relaciones de consumo, donde las entidades financieras y grandes acreedores deben asumir los costos, pero puede desincentivar el uso del arbitraje ejecutivo en relaciones comerciales entre pares, donde tradicionalmente quien pierde el proceso asume las costas.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ya sea que se est\u00e9 en la posici\u00f3n de acreedor o de deudor, es altamente recomendable realizar un an\u00e1lisis detallado de los diferentes pros y contras que representan las disposiciones contenidas en la nueva ley. Se deber\u00e1 evaluar cuidadosamente la cuant\u00eda de la obligaci\u00f3n, la capacidad econ\u00f3mica para asumir los costos iniciales, la importancia de la celeridad procesal versus el riesgo econ\u00f3mico, y las implicaciones espec\u00edficas seg\u00fan el tipo de relaci\u00f3n contractual. Este an\u00e1lisis permitir\u00e1 tomar la decisi\u00f3n que mejor se acomode a las necesidades particulares y que garantice un adecuado cumplimiento de esta nueva normativa.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En todo caso, una vez est\u00e9 sancionada esta ley, representar\u00e1 un gran paso hacia la modernizaci\u00f3n del sistema judicial colombiano. Su \u00e9xito depender\u00e1 tanto de la adecuada reglamentaci\u00f3n como de la preparaci\u00f3n de los operadores jur\u00eddicos para aprovechar estas nuevas herramientas en beneficio de una justicia m\u00e1s \u00e1gil y efectiva.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La nueva ley de arbitraje para procesos ejecutivos marca un cambio clave en la justicia colombiana. 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