En la industria petrolera colombiana, miles de trabajadores prestan sus servicios a trav\u00e9s de contratistas independientes, ejecutando labores esenciales para la operaci\u00f3n de grandes empresas del sector. Sin embargo, sus condiciones salariales y prestacionales no siempre reflejan las garant\u00edas pactadas en las convenciones colectivas de la empresa beneficiaria. <\/p>\n\n\n\n
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, mediante la sentencia SL2596-2025 del 26 de noviembre de 2025, abord\u00f3 esta discusi\u00f3n y fij\u00f3 criterios relevantes sobre la extensi\u00f3n de beneficios convencionales a trabajadores de contratistas en el sector de hidrocarburos. <\/p>\n\n\n\n
El caso tuvo origen en la demanda presentada por un trabajador contra su empleadora \u2014una contratista independiente del sector petrolero\u2014, la operadora intermedia y la empresa beneficiaria. El demandante se desempe\u00f1\u00f3 como Field Clerk<\/em> en un proyecto petrolero entre 2008 y 2015, mediante diversos contratos de obra o labor. Su pretensi\u00f3n consist\u00eda en que se le reconocieran los beneficios previstos en las convenciones colectivas suscritas entre el sindicato y la empresa beneficiaria, al considerar que sus funciones eran esenciales para la actividad petrolera. <\/p>\n\n\n\n En primera y segunda instancia, los jueces absolvieron a las demandadas al estimar que el demandante no realizaba directamente actividades de exploraci\u00f3n o explotaci\u00f3n de hidrocarburos. No obstante, la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3 de la Corte cas\u00f3 la sentencia y precis\u00f3 que, conforme al art\u00edculo 1.\u00b0 del Decreto 284 de 1957 y la jurisprudencia contenida en la sentencia CSJ SL17526-2016, lo determinante no es que el trabajador ejecute directamente labores operacionales, sino que el contratista independiente tenga un objeto social relacionado con actividades propias y esenciales de la industria petrolera, y que sus trabajadores presten el servicio en la misma zona de operaci\u00f3n de la empresa beneficiaria. <\/p>\n\n\n\n Al resolver el caso como tribunal de instancia, la Corte verific\u00f3 el cumplimiento de los tres requisitos exigidos por la norma: primero, que exist\u00eda un contrato entre la operadora y la empresa beneficiaria para ejecutar operaciones de perforaci\u00f3n; segundo, que la contratista ten\u00eda un objeto social centrado en actividades esenciales de la industria petrolera; y tercero, que el personal de la contratista realizaba trabajos permanentes de campo en la misma zona que los empleados de la beneficiaria. <\/p>\n\n\n\n Un aspecto particularmente relevante de la decisi\u00f3n fue la valoraci\u00f3n de las funciones administrativas del demandante. La Corte se\u00f1al\u00f3 que, aunque el cargo de Field Clerk<\/em> era de naturaleza administrativa, cumpl\u00eda un papel esencial en la cadena productiva, pues implicaba coordinar el recurso humano del taladro, gestionar los elementos y maquinaria requeridos para la perforaci\u00f3n e informar sobre las condiciones de seguridad del personal. <\/p>\n\n\n\n En palabras de la Sala, las labores administrativas \u201cson connaturales a cualquier proceso productivo e indispensables para garantizar est\u00e1ndares de calidad, eficiencia y, en general, un recto funcionamiento de toda actividad econ\u00f3mica\u201d. <\/p>\n\n\n\n Con base en este an\u00e1lisis, la Corte conden\u00f3 a la contratista al pago de prima de habitaci\u00f3n, prima convencional, prima de vacaciones, prima de antig\u00fcedad, cesant\u00edas e intereses, prima de servicios y vacaciones, junto con sus respectivas indexaciones. <\/p>\n\n\n\n No obstante, absolvi\u00f3 respecto del reajuste salarial, al considerar que el demandante no acredit\u00f3 la escala salarial aplicable a su cargo ni desvirtu\u00f3 la cl\u00e1usula contractual que se\u00f1alaba que su remuneraci\u00f3n inclu\u00eda el m\u00e1ximo del escalaf\u00f3n convencional. Asimismo, precis\u00f3 que la responsabilidad recae exclusivamente sobre el contratista independiente y no de manera solidaria sobre la empresa beneficiaria. <\/p>\n\n\n\n Sin embargo, esta decisi\u00f3n merece una lectura cr\u00edtica. El Decreto 3164 de 2003 modific\u00f3 el Decreto 2719 de 1993 precisamente para delimitar cu\u00e1les actividades constituyen labores propias y esenciales de la industria del petr\u00f3leo. Su motivaci\u00f3n fue clara: la inclusi\u00f3n de actividades comunes al sector industrial hab\u00eda generado sobrecostos y distorsiones en el mercado laboral regional. Por ello, el reglamento enumer\u00f3 diez actividades espec\u00edficas, todas de car\u00e1cter t\u00e9cnico y operacional, sin que las funciones administrativas figuren entre ellas. <\/p>\n\n\n\n Al trasladar el an\u00e1lisis del tipo de labor que ejecuta el trabajador al objeto social de la empresa contratista, la Corte introduce un giro interpretativo que, en la pr\u00e1ctica, podr\u00eda quitarles claridad a los l\u00edmites que el propio Decreto 3164 de 2003 busc\u00f3 establecer. <\/p>\n\n\n\n Si el criterio determinante es la actividad de la empresa y no la del trabajador, cualquier cargo \u2014incluso los cargos \u00fanicamente administrativos o de soporte\u2014 quedar\u00eda cobijado por los beneficios convencionales por el solo hecho de pertenecer a la n\u00f3mina de un contratista petrolero. Si bien la sentencia protege derechos laborales leg\u00edtimos, queda abierta la discusi\u00f3n sobre si esta interpretaci\u00f3n reintroduce la amplitud que la regulaci\u00f3n de 2003 intent\u00f3 acotar y los efectos econ\u00f3micos que ello pueda generar en el sector. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En la industria petrolera colombiana, miles de trabajadores prestan sus servicios a trav\u00e9s de contratistas independientes, ejecutando labores esenciales para la operaci\u00f3n de grandes empresas del sector. Sin embargo, sus condiciones salariales y prestacionales no siempre reflejan las garant\u00edas pactadas en las convenciones colectivas de la empresa beneficiaria. 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