La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia SL913 de 2026, modifica una regla que durante a\u00f1os tuvo impacto en las reclamaciones por indemnizaci\u00f3n moratoria: la oportunidad con la que el trabajador acud\u00eda a la jurisdicci\u00f3n laboral.<\/p>\n\n\n\n
El art\u00edculo 65 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo establece que, cuando un trabajador que devenga m\u00e1s de un salario m\u00ednimo no recibe el pago oportuno de sus salarios y prestaciones al finalizar la relaci\u00f3n laboral, el empleador debe pagarle, a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n, un d\u00eda de salario por cada d\u00eda de retardo, hasta por 24 meses o hasta cuando se verifique el pago, si el periodo es menor. La misma disposici\u00f3n se\u00f1ala que, transcurrido ese periodo sin que el trabajador haya iniciado su reclamaci\u00f3n por la v\u00eda ordinaria, proceden intereses moratorios a partir del mes 25.<\/p>\n\n\n\n
Sobre esta norma se consolid\u00f3 una interpretaci\u00f3n seg\u00fan la cual, cuando la demanda se presentaba despu\u00e9s de los 24 meses siguientes a la terminaci\u00f3n del contrato, el trabajador perd\u00eda la indemnizaci\u00f3n moratoria y \u00fanicamente pod\u00eda obtener intereses de mora desde la terminaci\u00f3n del contrato.<\/p>\n\n\n\n
La sentencia SL913 modifica este entendimiento: sin importar cu\u00e1ndo se presente la demanda, el trabajador tendr\u00e1 derecho al pago de la indemnizaci\u00f3n moratoria \u2014un d\u00eda de salario por cada d\u00eda de retraso\u2014 durante los primeros 24 meses, siempre que se acredite la mala fe del empleador. A partir del mes 25, se siguen causando intereses moratorios hasta que se realice el pago.<\/p>\n\n\n\n
El cambio plantea una discusi\u00f3n que va m\u00e1s all\u00e1 de la liquidaci\u00f3n de una obligaci\u00f3n laboral. El art\u00edculo 65 establece expresamente que \u201csi transcurridos 24 meses contados desde la fecha de terminaci\u00f3n del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamaci\u00f3n por la v\u00eda ordinaria, el empleador deber\u00e1 pagar al trabajador intereses moratorios\u201d, lo cual significa que la norma diferencia el momento en que el trabajador inicia su reclamaci\u00f3n. Si presentarla dentro o fuera de los 24 meses produce el mismo resultado, surge la pregunta sobre qu\u00e9 efecto jur\u00eddico conserva esa expresi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La Corte fundament\u00f3 su posici\u00f3n, entre otros argumentos, en que la finalidad de la Ley 789 de 2002 fue establecer un l\u00edmite temporal a la indemnizaci\u00f3n y no eliminarla por el solo hecho de que el trabajador acudiera tard\u00edamente a la jurisdicci\u00f3n. Asimismo, como sustento de su decisi\u00f3n, consider\u00f3 que la interpretaci\u00f3n anterior generaba, en sus palabras, un \u201cincentivo perverso\u201d, puesto que, si el trabajador no demandaba en dos a\u00f1os, el empleador que actu\u00f3 de mala fe quedaba liberado de la sanci\u00f3n m\u00e1s gravosa y solo deb\u00eda pagar intereses moratorios.<\/p>\n\n\n\n
Esta posici\u00f3n plantea interrogantes importantes para las empresas. Bajo la interpretaci\u00f3n anterior, exist\u00eda un grado de previsibilidad: si el trabajador no demandaba dentro de los 24 meses siguientes a la terminaci\u00f3n del contrato, el riesgo para las empresas se limitaba al pago de los intereses moratorios. Esa certeza cambia con la sentencia SL913.<\/p>\n\n\n\n
Ahora, una empresa que liquid\u00f3 un contrato hace varios a\u00f1os podr\u00eda enfrentar una condena que incluya la indemnizaci\u00f3n moratoria por los primeros 24 meses, aun cuando el trabajador haya tardado en acudir a la justicia. El riesgo contingente asociado a diferencias no resueltas en salarios o prestaciones sociales se incrementa considerablemente.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n deja, adem\u00e1s, una discusi\u00f3n abierta. Los cambios jurisprudenciales hacen parte de la evoluci\u00f3n del derecho, pero cuando el problema surge de una disposici\u00f3n cuya redacci\u00f3n permanece vigente, resulta pertinente preguntarse si la respuesta definitiva deber\u00eda provenir de una reforma legislativa que precise qu\u00e9 ocurre cuando la reclamaci\u00f3n se presenta antes o despu\u00e9s de los 24 meses. <\/p>\n\n\n\n
El alcance definitivo de este cambio depender\u00e1 de c\u00f3mo contin\u00fae desarroll\u00e1ndose la jurisprudencia y de si el legislador interviene sobre el texto del art\u00edculo 65. Mientras tanto, la recomendaci\u00f3n para las empresas es clara: revisar los procesos de liquidaci\u00f3n de contratos, asegurar el pago completo y oportuno de las prestaciones sociales y documentar rigurosamente las razones que sustenten cualquier diferencia en los montos liquidados.<\/p>\n\n\n\n