Colombia Compra Eficiente fija nuevas reglas para entidades y contratistas sobre sanciones y preferencias para personas con discapacidad

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) expidió dos circulares externas con impacto directo sobre la gestión contractual del Estado. Ambas están vigentes y generan riesgos concretos para servidores públicos y proponentes que no se adapten oportunamente. A continuación, presentamos los aspectos más relevantes:

1. Circular Externa 002 de 2026 (5 de mayo de 2026) – Reporte obligatorio de sanciones e inhabilidades

La circular recuerda —y refuerza— la obligación de publicar en el SECOP, reportar a las Cámaras de Comercio y comunicar a la Procuraduría General de la Nación todos los actos ejecutoriados que declaren caducidad, impongan multas, sanciones o inhabilidades.

La principal novedad es que la circular extiende expresamente esta obligación a entidades de régimen especial, que históricamente la eludían.

[Su incumplimiento genera responsabilidad disciplinaria (causal de mala conducta) para los servidores públicos]

• Triple reporte obligatorio: SECOP (parte resolutiva), Cámara de Comercio del domicilio (copia del acto en firme mensualmente) y Procuraduría General (dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria).
• Régimen especial incluido: Las entidades con régimen especial de contratación tampoco se exoneran de estos reportes ni de publicar en SECOP II.
• Consecuencias directas: El incumplimiento configura causal de mala conducta (art. 6 Ley 1150/07) y falta disciplinaria bajo el Código General Disciplinario (Ley 1952/19). No hay umbral mínimo de gravedad.
• Lucha anticorrupción: La circular vincula expresamente el reporte con la inhabilidad del art. 8, lit. j, de la Ley 80/93, que se extiende a matrices, subordinadas y grupos empresariales del sancionado. Omitir el reporte perpetúa la participación de sancionados en futuras licitaciones.

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2. Circular Externa 003 de 2026 (12 de mayo de 2026) – Sistema Integral de Preferencias para Personas con Discapacidad (PcD)

Desarrollando el Decreto 287 del 19 de marzo de 2026 —que reemplazó íntegramente el Decreto 392 de 2018—, la circular orienta la aplicación de un sistema de cinco medidas afirmativas a favor de personas con discapacidad (PcD) en todas las fases del proceso contractual. La norma ya está vigente y aplica a procesos sin resolución de apertura antes del 20 de marzo de 2026.

[Régimen de transición: aplica a todos los procesos sin resolución de apertura antes del 20 de marzo de 2026. Las entidades con documentos tipo vigentes deben esperar la actualización oficial de la ANCP-CCE]

• Puntaje adicional duplicado: Del 1 % al 2 % en licitación pública y concurso de méritos, para empleadores de PcD y para empresas o emprendimientos de PcD. Compatible con los incentivos de MiPymes y empresas de mujeres —no se excluyen entre sí.
• Criterios habilitantes diferenciales: Las entidades deben flexibilizar exigencias de experiencia, capacidad financiera, organizacional o garantía de seriedad para empresas y emprendimientos de PcD en licitación, selección abreviada y concurso de méritos.
• Herramientas de planeación inclusiva: Ferias de negocios con proveedores PcD, criterios sociales en pliegos y división en lotes —obligatorias para entidades bajo la Ley 80/93 en modalidades competitivas.
• Condiciones especiales de ejecución: Subcontratación inclusiva o integración de equipos con PcD como obligación contractual en la minuta. Su incumplimiento es causal de incumplimiento del contrato —salvo fuerza mayor.
• Contratación directa: Promoción de contratos de prestación de servicios con PcD en contratación directa.

En Godoy, nuestra práctica de Derecho Administrativo, Contratación Estatal e Infraestructura está preparada para acompañar tanto a entidades como a contratistas en la implementación de estas obligaciones, la revisión de procesos en curso y la estructuración de estrategias de participación con enfoque de inclusión. No duden en contactarnos.