Corte Constitucional declara exequible, con condicionamientos, el Estado de Emergencia Económica

Mediante la Sentencia C-366 del 11 de noviembre de 2026, la Corte Constitucional declaró exequibles, con condicionamientos, los Decretos Legislativos 1261 y 1348 de 2026, que declararon el estado de emergencia económica, social y ecológica con ocasión del terremoto del 10 de agosto de 2026 y modificaron su ámbito territorial.

PRINCIPALES CONDICIONAMIENTOS

•  Ámbito territorial. La emergencia se limita a los municipios afectados identificados en el Reporte Situacional No. 054 de la UNGRD y a otros municipios de los departamentos comprendidos en los decretos cuya afectación concreta se acredite con soporte técnico de esa entidad.

•  Alcance de las medidas. No podrán adoptarse medidas estructurales ni dirigidas a resolver problemas anteriores al sismo. Las acciones de reconstrucción quedan sujetas a las condiciones fijadas por la Corte sobre insuficiencia de mecanismos ordinarios y relación directa con la rehabilitación.

•  Financiación extraordinaria. Los recursos obtenidos mediante los mecanismos extraordinarios de financiación, incluidos los de recaudo y crédito, deberán destinarse exclusivamente a gastos directamente relacionados con la emergencia.

En consecuencia, no podrán utilizarse para financiar el déficit fiscal ni gastos ajenos a la crisis que motivó la declaratoria. Las entidades competentes para ordenar el gasto deberán explicar, mediante acto administrativo, las razones por las cuales no resulta posible acudir a los mecanismos ordinarios de financiación

•  Control de los recursos. El Ministerio de Hacienda deberá recalcular el costo de la emergencia dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación del comunicado. Además, deberá establecer un mecanismo de administración y ejecución separado de otras fuentes de financiación, que permita verificar la destinación de los recursos y facilitar su seguimiento por los organismos de control.

Finalmente, el Gobierno también deberá establecer mecanismos de coordinación con las entidades territoriales afectadas para distribuir las responsabilidades de financiación y garantizar la destinación de los recursos a la atención de la emergencia.

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Esta decisión impone límites a las medidas extraordinarias de recaudo y a la destinación de los recursos obtenidos. Con todo, vale la pena destacar que la constitucionalidad de la declaratoria de emergencia no equivale a un pronunciamiento sobre la validez de cada medida tributaria expedida a su amparo, cuyo examen requiere un análisis individual.

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