¿Qué pueden esperar los inversionistas ante una eventual denuncia de Colombia al Convenio CIADI?
Nota para el Medio LexLatin
La eventual salida de Colombia del principal mecanismo internacional de solución de controversias entre Estados e inversionistas abriría interrogantes sobre la protección jurídica de las inversiones extranjeras y el futuro del arbitraje de inversión en el país.
El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la intención retirar a Colombia del sistema de arbitraje internacional de inversión en el marco del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) ha encendido las alarmas entre el empresariado local y extranjero: la salida podría erosionar la seguridad jurídica del país y reducir significativamente su atractivo como destino para los capitales extranjeros, con consecuencias directas para la economía nacional.
En medio de un debate que trasciende los límites del tecnicismo legal, los defensores de la permanencia en el ISDS (Investor-State Dispute Settlement) aducen la garantía ofrecida a las empresas para solucionar conflictos surgidos ante un eventual cambio en las reglas de juego, mientras que los detractores apuntan a la vulneración de la soberanía y la gobernabilidad implícitas en este tipo de convenios arbitrales.
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Aunque hasta ahora se trata solo de un anuncio político, bufetes dentro y fuera de Colombia han advertido a sus clientes sobre las implicaciones que tendría una concreción de la amenaza. Entre los principales riesgos mencionan una posible fuga de capitales, un aumento de las demandas contra el Estado y una eventual degradación de la calificación crediticia del país, factor clave para atraer las inversiones extranjeras necesarias para sostener el crecimiento económico del país.
La amenaza de la salida del CIADI
Durante décadas, el Convenio del CIADI ha funcionado como un “seguro de vida” para las empresas extranjeras, es decir, una suerte de garantía ante cualquier cambio de las reglas relativas a la propiedad e inversiones extranjeras: el país, como firmante del Convenio, está obligado a acudir a un tribunal internacional neutral para resolver cualquier conflicto.
La pérdida de esta garantía es, a juicio de empresarios y especialistas, lo que está en juego ante una eventual salida de Colombia del CIADI. ¿Por qué? Actualmente, los laudos están sometidos a un régimen autónomo de aclaración, revisión y anulación ante el propio sistema, en caso de que alguna de las partes esté en desacuerdo con una sentencia -que puede ser ejecutada en los Estados contratantes y tiene la misma validez de una sentencia dictada por los tribunales locales.
A pesar de que muchos dudan de una concreción de la amenaza en el breve tiempo que le resta Petro frente del Ejecutivo neogranadino, el anuncio del presidente colombiano ha puesto en aviso a los sectores implicados, pues un eventual triunfo de Iván Cepada dejaría abierta esta posibilidad.
El mandatario sustenta la salida sobre la base del riesgo de Colombia a perder unos 14.000 millones de dólares involucrados en querellas en curso, aduciendo el favoritismo de los tribunales hacia los inversionistas extranjeros por encima de los intereses nacionales. También acusa al CIADI de proteger a las corporaciones foráneas en detrimento de las locales.
La reciente decisión de la corporación española Telefónica de acudir a una corte de Estados Unidos para exigir la ejecución de una sentencia de 2024 -que obliga a Colombia a pagar más de 500 millones de dólares (USD 380 de la demanda más intereses)- es ilustrativa de lo que pasaría en lo inmediato si Bogotá concreta su salida del Convenio CIADI: no podrá esquivar las demandas en curso o sentencias en revisión.
Catalina Hoyos, socia de la firma Godoy, refuerza esta exposición señalando que, para evitar nuevas demandas, Colombia deberá revisar o denunciar todos los tratados sustantivos contentivos del consentimiento al arbitraje, lo cual tensionaría la estructura de protección de inversión con socios estratégicos y activaría cláusulas de protección a largo plazo.
“Salir del CIADI no cierra la puerta del arbitraje, en muchos casos apenas cambia la chapa”, dice la especialista.
