Negociación por industria crea oligopolios

Nota para el medio Asuntos Legales

¿En qué consiste el Decreto 234 de 2026?

Este decreto reglamentó transformar la negociación colectiva al introducir la negociación por industria, volviendo obligatorios los acuerdos para todas las empresas del sector. Esto genera graves desafíos jurídicos, riesgo de quiebras y oligopolios para las MiPymes, debilitamiento de los sindicatos pequeños y afectaciones a los trabajadores, quienes exponen su nómina y el hábeas data al pagar cuotas a múltiples sindicatos. Todo esto mediante un decreto reglamentario.

¿Cuáles son las principales alertas de las empresas?

Ante esta novedad, las empresas siguen cuatro líneas de acción: analizar la negociación sectorial voluntaria (OIT), comparar beneficios extralegales en grandes empresas, demandar ante el Consejo de Estado pidiendo la suspensión provisional, y mantener diálogo directo para anticiparse a los pliegos. Además, destaca que los propios sindicatos están incumpliendo los requisitos del decreto al presentar dichos pliegos, lo que frena ciertas negociaciones.

Santiago Martínez, de Godoy Abogados, advierte que la falta de descuelgue deja a las empresas sin herramientas para proteger su viabilidad ante pliegos sectoriales.

¿Cómo opera en empresas sin sindicato?

Es un cambio crítico. Mientras antes el convenio aplicaba solo a la empresa firmante y sus afiliados, el decreto obliga a toda la industria a aplicarlo, incluso a empresas medianas o grandes sin sindicato que nunca participaron, saltándose el artículo 472 del Código que exigía más de dos terceras partes de cobertura regional.

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¿Qué ocurre con la multiafiliación?

El decreto no resolvió la problemática de la multiafiliación ni de la multinegociación interna. En sectores como el bancario, donde existen hasta 80 sindicatos por entidad, las empresas siguen sufriendo el mismo desgaste y la acumulación de pliegos paralelos, ya que la norma solo regula los niveles superiores a la empresa.

¿En qué consiste el descuelgue?

El descuelgue permitiría a empresas en crisis pactar mínimos inferiores para evitar la quiebra. No se incluyó por una decisión política de las grandes confederaciones para priorizar el control sectorial, dejando a las MiPymes expuestas a un modelo que ignora su tamaño y vulnerabilidad frente a las grandes empresas.

¿Qué espera el empresariado frente al decreto?

Se considera que el decreto infringe múltiples normas. Aunque se aplaude la postura neutra y dialogante del actual Ministerio del Trabajo, el empresariado confía en que las demandas y la suspensión provisional prosperen en la vía judicial para frenar los daños operativos. El sector está abierto a negociar, pero bajo un esquema que respete también los intereses empresariales.

¿Qué mensaje final dejaría sobre este panorama?

El modelo avanza en sectores clave como puertos, hoteles, energía y gas, elevando el riesgo de conflictividad. Pese a esto, se prioriza el diálogo y el consenso frente a acuerdos voluntarios, manteniendo una postura firme ante normas que vulneren el Estado de derecho.

80 sindicatos es el límite por entidad en el sector financiero

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