Régimen sancionatorio aduanero 2026: el Congreso contra reloj
Colombia está contra reloj para definir el futuro del régimen sancionatorio y de decomiso en materia aduanera, un asunto que se volvió inaplazable desde la Sentencia C-072 de 2025, mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 68 de la Ley 2277 de 2022 (facultades extraordinarias) y, en consecuencia, el Decreto Ley 920 de 2023 que contenía dicho régimen.
Sin embargo, el régimen no “murió” de inmediato, pues la Corte difirió los efectos de la inexequibilidad hasta el 20 de junio de 2026, abriendo una cuenta regresiva con grandes expectativas para el sector logístico y toda la cadena de comercio exterior. Así, aunque el marco vigente sigue produciendo efectos, el país necesita llegar a esa fecha con una ley que lo reemplace y con reglas de transición suficientemente claras para evitar incertidumbre operativa.
Con esa plazo en marcha, el foco se trasladó del plano jurídico al escenario que realmente define el desenlace: el frente legislativo. El Proyecto de Ley 312 de 2025 (Senado) y su trámite correlativo en Cámara (463 de 2025) fueron radicados a finales de 2025, quedaron asignados a la Comisión Segunda y cuentan con mensaje de urgencia.
Al mismo tiempo, en diciembre de 2025 se radicó una iniciativa de origen parlamentario, promovida desde sectores empresariales, que plantea un modelo alternativo para el régimen sancionatorio y de decomiso. En las mesas técnicas se percibe un alto nivel de coincidencia entre ambos borradores, aunque el tramo restante concentra definiciones sensibles tanto para el control como para la operación.
Más allá del calendario, la discusión de fondo no es puramente cuantitativa ni se agota en contar cuántas infracciones quedan o cuántas causales se depuran. En comercio exterior, lo que realmente está en juego es el equilibrio entre el control y la seguridad jurídica, sin que la operación pague el costo de la incertidumbre.
Por lo anterior, una reforma de esta dimensión suele concentrarse en tres frentes: depurar y precisar conductas para cerrar zonas grises; ajustar la proporcionalidad y la graduación de las sanciones para que la respuesta sea coherente con la gravedad del hecho; y afinar las reglas de procedimiento y garantías, para que la actuación administrativa sea previsible y defendible. Bajo esta metodología, la DIAN ha venido explicando la lógica del proyecto como una modernización orientada a simplificar y dar mayor claridad al sistema, con un mensaje que apunta a un modelo más predecible para el operador formal, con un margen real para corregir y con la sanción concentrada en conductas que verdaderamente comprometen el control aduanero.
La DIAN ha participado activamente en la elaboración del articulado y ha mostrado apertura para recibir comentarios de gremios y actores interesados que presenten propuestas concretas y técnicamente sustentadas. A ello se suma que actualmente coexisten dos iniciativas en trámite -una impulsada desde la autoridad y otra desde el Consejo Gremial ampliado-, con un nivel alto de coincidencia y algunos puntos aún por resolver, lo que hace clave el esfuerzo de convergencia y eventual unificación del texto. Esto abre un espacio real para afinar el proyecto antes de su cierre, en particular en los aspectos que más inciden en la operación y en el régimen de transición.
En consecuencia, más que limitarse al seguimiento del trámite, el sector tiene la oportunidad de aportar insumos oportunos, concretos y bien sustentados para contribuir a que el cambio llegue con mayor claridad, previsibilidad y estabilidad.
